El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú (MIMP), a través del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con discapacidad (CONADIS), presenta la Política Nacional en Discapacidad para el Desarrollo (PNDD), que aborda el la “Discriminación estructural hacia las Personas con Discapacidad” como problema público, en tanto es un problema social histórico que trasciende y es independiente de las acciones individuales de discriminación y que, además, forma parte de un proceso de acumulación de desventajas y tiene implicancias macro-sociales en los ámbitos de disfrute de los derechos y reproducción de la desigualdad social (Solís, 2017).
De este modo, la PNDD propone la siguiente situación futura deseada: “Al 2030, en el Perú, la discriminación estructural hacia las personas con discapacidad se habrá reducido, permitiendo, así, que alcancen su desarrollo integral y ejerzan plenamente sus derechos en una sociedad inclusiva”. En consecuencia, la PNDD busca, como fin último, la generación de un impacto en el desarrollo integral de las personas con discapacidad en el país; comprometiendo a las instituciones gubernamentales, no obstante, involucra y sirve de referencia, también, a las organizaciones de la sociedad civil, empresas, academia y la sociedad en general.
